Cuando un inversionista tiene un proyecto de inversión del cual puede certificar que generará un impacto positivo al ambiente, (impactos a ser descritos y estimados en la medida de lo posible), tales como reducciones de emisiones de carbono, mejoras en la eficiencia de consumo de energía o agua, mejoras a la gestión de desechos, reemplazo de combustibles fósiles con energías renovables, mejoras al uso de suelos, conservación, biodiversidad, entre otros, dicho proyecto puede ser candidato a financiarse con la emisión de bonos denominados verdes, por un plazo mayor a 1 año y bajo normas generales de instrumentos representativos de deuda establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Este tipo de deuda es clasificada como Inversión Socialmente Responsable.
En general, los bonos verdes pueden financiar proyectos ambientales con efectos positivos, activos futuros o refinanciamiento de proyectos existentes. Los proyectos deben tener propósito exclusivo y ser identificados individualmente o no identificados siempre que satisfagan criterios específicos. En este último caso, en el marco de emisión debe establecerse una política que especifique los criterios que deberán seguir las inversiones, así como un procedimiento detallado para la evaluación, selección y financiamiento de proyectos.
Los tipos de proyectos que pueden financiarse con bonos verdes pueden ser producción de energía renovable (energía eólica, solar, geotérmica, pequeñas hidroeléctricas, etc), eficiencia energética (construcción de edificios eficientes o con certificación LEED o la adaptación de existente), tratamiento de desechos (Rellenos sanitarios, reciclaje), transporte limpio (Metro, trenes urbanos e interurbanos, tranvía, BRTs, vehículos eléctricos), uso de suelo sustentable (agricultura, ganadería y silvicultura sustentables), biocombustibles (bioalcoholes, biodiésel, biogás), adaptación (agua, defensas costeras o contra inundaciones) y conservación forestal y preservación de biodiversidad (reforestación, silvicultura sustentable).
Para que los bonos verdes sean atractivos para los inversionistas es indispensable que los proyectos sean soluciones probadas, aunque no necesariamente con la variable ambiental a gran escala, aunque en nuestra opinión si por lo menos a pequeña escala, a fin de reducir la percepción de riesgo por parte de los inversionistas. En cualquier caso, en el marco de ejecución del proyecto elegido, debe contar con mecanismos para un monitoreo adecuado y creíble, basado en metodologías preestablecidas, para garantizar el uso y aplicación de los recursos de acuerdo con los principios acordados.
En caso se recurra a bonos verdes para refinanciación de proyectos existentes, los recursos que se capten con la emisión deben ser asignados a los proyectos elegibles. El uso de los recursos captados por la emisión de los bonos verde no está restringido, pero si este la obligación de que el emisor garantice permanentemente la existencia de la cartera de proyectos elegibles que pueda corresponder por lo menos al monto emitido durante el plazo del bono. A parte del monitoreo periódico y permanente de esta obligación, se deben establecer medidas que permitan resolver los casos cuando un activo sea removido de la cartera que respalda a los bonos verdes emitidos.
En el prospecto de emisión de los bonos verdes, se debe además de definir el proyecto (o cartera de proyectos) y la estructura de financiación de este, estimar los impactos ambientales esperados de estos proyectos y las opiniones de expertos externos correspondientes, para brindar transparencia y certeza a los inversionistas, proteger la reputación del emisor contra las potenciales acusaciones de greenwashing, particularmente en caso de no cumplir con los impactos esperados.
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